Contra la reforma laboral y los recortes sociales

 Los pasados 29 de abril y 1º de mayo las calles de Cáceres, Badajoz y Mérida se han llenado de trabajadores que han hecho oír su clamor contra la reforma laboral. Contra los recortes en sanidad, educación, servicios sociales y atención a la dependencia que vienen aprobando los gobiernos del Partido Popular en Madrid y Extremadura. Todo ello en aras de la contención del déficit público. Ese mantra que repiten todos los eurócratas y que nos lleva a una espiral de reducción de gasto público y caída de ingresos, lo que, a su vez, alimenta la depresión económica y el deterioro acelerado de los bienes y servicios públicos.

 Los impulsores de la reforma laboral predican que las bondades de la flexibilización del mercado de trabajo, generarán confianza en los empleadores, y –tarde o temprano- acabará creándose empleo. Sin embargo, los datos son tozudos y las cifras de la encuesta de población activa nos indican que hay 158.500 extremeños en paro –uno de cada tres trabajadores–. Y hay decenas de miles de hogares de la región, en los que todos sus miembros están en paro.

 De los efectos devastadores de la reforma laboral se ha hablado mucho. Opiniones autorizadas han expresado la dudosa constitucionalidad de muchos aspectos del Real Decreto-ley, argumentando que la reforma supone un auténtico atentado laboral que ataca la línea de flotación del Estado social y de Derecho. Una auténtica contrarreforma –que nos retrotrae a los inicios de la democracia– vulnerando los principios que dimanan de los Pactos dela Moncloayla Constituciónespañola, en sus artículos 7, 24, 28, 35 y 37.

 Resulta imprescindible, por tanto, traducir el descontento social en acción pública. Hay que conformar cuanto antes una mayoría política y social que impida el quebranto de los servicios públicos. Y que recomponga y restituya los derechos de los trabajadores y las garantías sociales.

 Esa mayoría social debe hacer posible que el Parlamento regional acuerde la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. Es una facultad que tienela Asamblea de Extremadura. El artículo 32.2 dela Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le otorga legitimidad. Y también el artículo 16.2 del Estatuto de Autonomía les confiere esta atribución a esa mayoría de diputados extremeños que estos días han compartido manifestaciones y críticas.

 Como acertadamente expresó el jurista italiano, Mauro Cappelletti, el Derecho y el Estado deben ser simples instrumentos al servicio de los ciudadanos y de sus necesidades, y no al revés.

 La gravedad de la situación no admite tercos enrocamientos, ni adolescentes requiebros de desaires mutuos: flaco favor a la ciudadanía extremeña.

Acerca de

Blog de la Asamblea local de Izquierda Unida de Cáceres

Publicado en Economía, Gobierno, Huelga, Laboral, Opinión

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