MOCIÓN CONTRA LOS DESAHUCIOS DE LA JUNTA

MOCIÓN DESESTIMADA POR LOS VOTOS DEL PP (16-9)

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las últimas fechas, la Junta de Extremadura está llevando a cabo acciones de desalojos sobre las familias que tienen adjudicada una vivienda de protección oficial, o de promoción social, pero que por distintos motivos no hacen frente a las obligaciones económicas que comporta el disfrute de esta vivienda.

Los efectos de la crisis económica han agravado de un modo alarmante la seguridad de la hacienda pública, así como la estabilidad de las familias, motivo por el cual nos encontramos con una situación en la que, en primer lugar, la administración autonómica ha decidido resolver las situaciones de impago que se producen en torno al parque público de viviendas, y en segundo lugar, las familias asisten a la disminución continuada de su capacidad para asumir el pago de las rentas que han de asumir como propietarios o usuarios de viviendas de promoción pública.

El deterioro social que sufre nuestra región y nuestra ciudad tiene una de sus manifestaciones más agresivas en la realización de desahucios sobre las familias que no disponen de los medios necesarios para hacer frente a los gastos que supone el pago de las hipotecas de las viviendas en las que residen, ya sean de renta libre, de protección oficial, o de promoción social. Si bien es cierto que la administración autonómica debe cumplir y hacer cumplir la legislación vigente y el conjunto del ordenamiento jurídico, también lo es que en el ejercicio de sus competencias, los poderes públicos deben ponderar la totalidad de los intereses que puedan verse afectados por sus actuaciones.

A estos efectos, debemos señalar que el disfrute de una vivienda digna es una derecho recogido en la nuestra norma fundamental, y que si bien encontramos fuera de toda consideración que una familia pierda el derecho al disfrute y propiedad de una vivienda en aquellos casos en los que el pago de las cuotas se convierte en una obligación de imposible cumplimiento, mucho más alarmante es la circunstancia en las que el agente que promueve el desalojo es una administración pública que encuentra entre sus fines la promoción de las condiciones que permitan a los extremeños vivir de un modo digno, de acuerdo con su condición de ciudadanos libres.

Así, por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Verdes propone al Ayuntamiento Pleno la siguiente

MOCIÓN:

PRIMERO: Instar a la Mesa de la Asamblea de Extremadura y a los distintos grupos parlamentarios que disfrutan de representación en la misma, para que modifiquen la legislación vigente en la materia, de tal modo que se impida el desalojo de una vivienda de promoción pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en aquellos casos en los que el motivo que provoca el impago de las cuotas por parte de los adjudicatarios de las viviendas tenga su origen en la falta de ingresos por motivos ajenos a su voluntad.

SEGUNDO: Instar a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura, a la suspensión cautelar de los desahucios que se están llevando a cabo por parte de la administración autonómica, en aquellos casos en los que el origen del impago que fundamenta el desalojo tenga su causa en la ausencia de ingresos por parte de los adjudicatarios de la vivienda.

TERCERO: Solicitar la realización de una reunión entre la alcaldesa de Cáceres y los representantes de la Dirección General de la Vivienda para la constitución de una mesa de estudio y valoración de cada uno de los casos afectados por esta situación, con la finalidad de conciliar el derecho a la vivienda y el cumplimiento diferido de los derechos económicos de la hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Acerca de

Blog de la Asamblea local de Izquierda Unida de Cáceres

Publicado en Extremadura, Urbanismo

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