Moción en defensa de la Autonomía Municipal

Moción Desestimada (PP en contra, PSOE Abstención e IU a favor)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El PP ha presentado un anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que pretende modificar parte del articulado de la Ley de Bases de Régimen Local, que afectan a las siguientes materias:

 – Delimitación competencial de los municipios

– Gestión de competencias municipales por las diputaciones provinciales

– La comarca

– Convenios y consorcios.

– Competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos.

 Finalmente y con especial incidencia en la Provincia de Cáceres se eliminan las entidades locales menores de la nueva ley de Bases de Régimen Local. Concretamente mediante la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Con esta regulación se traspasa a los municipios todas las competencias.

 En definitiva establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial  del Estado.

 En consecuencia avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía, claridad competencial y más financiación.

 En primer lugar, da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión.

 A nuestro juicio este proyecto vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española y en caso de ser aprobada habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.

 En segundo lugar,  el anteproyecto presentado realiza una radical modificación  sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad.

 En tal sentido hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda  entre otras.  Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas.

 Bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de gestión y el programa político de los ayuntamientos.

 Por tanto en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta al clientelismo partidista y al trato arbitrario de las Diputaciones.

 En tercer lugar se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión autonómica  significa darles un papel político incomprensible ajeno a la estructura territorial del Estado y que solo se puede entender por razones ocultas no explicitadas.

 Nosotros seguimos defendiendo la desaparición de las diputaciones provinciales, ya que en este momento sus funciones se suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. No puede ser creíble el discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte por reforzar las diputaciones provinciales salvo que el objetivo final no sea otro que debilitar los municipios, cuya autonomía molesta.

 En cuarto lugar no se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la  Ley de Estabilidad Presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local. Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen.

 En definitiva este anteproyecto anula el principio de autonomía local previsto en el Art 142 de  la Constitución que permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad.

 IU se opone a este anteproyecto porque es malo para los intereses  de los ciudadanos que utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos, culturales,  en materia de igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de atención a los dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos.

 En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma  provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social, a cambio, eso sí,  de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los ayuntamiento han cumplido siempre porque legalmente siempre se les ha exigido.

 Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Verdes propone al Ayuntamiento Pleno para su aprobación la siguiente:

 MOCIÓN

 1. El Ayuntamiento de Cáceres insta al Gobierno de España a la retirada inmediata del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que modifica la Ley 7/1985 Reguladora de la Ley de Bases de régimen Local en relación con las competencias de las entidades Locales. Instará del mismo modo al cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución Española para la defensa de la Autonomía Municipal.

 2. El Ayuntamiento de Cáceres insta al Gobierno de España a respetar la tradición democrática de los territorios que todavía disfrutan de una ordenación territorial fundamentada en la existencia de Entidades Locales Menores. Conservando las mismas en la Ley de Bases de Régimen Local y respetando sus competencias.

 3. El Ayuntamiento de Cáceres insta al Gobierno de España a modificar el régimen de ordenación del territorio; iniciando un proceso de eliminación de las Diputaciones Provinciales a favor de las Comarcas.

 4. El Ayuntamiento de Cáceres insta al Gobierno de España a iniciar un Proceso de Negociación de un Pacto Local con la FEMP que permita la financiación adecuada que permita a los municipios el desarrollo real y efectivo de su independencia y autonomía para atender las necesidades de la ciudadanía.

 

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