Encierro en el Grupo Municipal de IU por la Renta Básica y la Dimisión del Consejero Hernández Carron

Motivos para un encierro / Renta Básica YA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Consejo Político Local de Izquierda Unida Cáceres, ante la escandalosa demora que están sufriendo los miles de solicitantes de la Renta Básica Extremeña de Inserción de Extremadura y la incapacidad del consejero de Salud y Política Social del GOBEX Luis Alfonso Hernández Carrón para dar una pronta respuesta a la misma, han decidido encerrarse en las dependencias del Ayuntamiento de Cáceres como acción de protesta.

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La medida, la primera de una serie de movilizaciones que la organización quiere llevar a cabo durante las próximas semanas, tendrá lugar desde las 19 horas del viernes día 4 hasta las 12 horas del domingo 6 de abril y se fundamenta en los siguientes argumentos.

La Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción es la mayor estafa que el Gobierno de Extremadura ha cometido contra el cuerpo social extremeño, una prestación en la que miles y miles de familias pusieron todas sus esperanzas para paliar la grave situación económica que padecen y en la que todavía no han encontrado una respuesta positiva a su desamparo.

La norma, insuficiente y restrictiva en opinión de Izquierda Unida Cáceres, ha sido reiteradamente ninguneada por la Junta de Extremadura antes incluso de su promulgación. El titular de la Consejería de Salud y Política Social Luis Alfonso Hernández Carrón declaraba a finales de febrero de 2013 que la Renta Básica se comenzaría a pagar a partir de mayo de ese mismo año. Y en idénticos términos se expresaba el director general del ramo en julio cuando afirmaba que el abono empezaría a materializarse en noviembre.

La Renta Básica Extremeña de Inserción, establecida por la Ley 3/2013, de 21 de mayo, (En cuya redacción se puede leer que nace “para dar respuesta a las situaciones de escasez de recursos básicos que se han originado en nuestra región debido a la actual situación económica, en la que aparecen nuevas formas de exclusión, nuevas situaciones de necesidad, unidas a la pérdida de empleo y a la ausencia de rentas”) no pudo ser solicitada hasta el día siguiente de la publicación, el 30 de julio, del Decreto 142/2013, en el que se aprueba su Reglamento. Es decir, tras las manifestaciones del Sr. Hernández Carrón en febrero de 2013, no es hasta agosto de ese mismo año cuando la prestación puede ser solicitada.

Solicitud, que como veremos seguidamente, no ha comportado ni el abono inmediato de la prestación ni tampoco ha cumplido lo que establece la ley como tiempo máximo para su cobro.  El artículo 19, punto 2, de la norma indica que “el plazo para resolver y notificar la resolución será, como máximo, de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud”. Y el punto 4 del mismo artículo recoge que “recaída resolución favorable se procederá al abono de la prestación en la cuantía concedida, con efectos desde el día primero del mes siguiente a la fecha de la citada resolución”. Puntos, ambos, sistemáticamente incumplidos desde la Administración autonómica que no ha sido capaz, con el consejero de Política Social al frente, de dar una solución inmediata a las graves deficiencias que presenta la ley, excesivamente burocrática y enrevesada.

Los continuos anuncios de incremento de personal para paliar la tardanza en las resoluciones, los continuos cambios adoptados para agilizar la tramitación, la autorización para recabar determinada información por parte de los trabajadores sociales y así aminorar el tiempo de espera de los solicitantes, etc., no han servido para solucionar el grave deterioro que presenta ya un buen número de familias extremeñas que ven ya la Renta Básica como algo ajeno a ellas.

En Cáceres, en febrero de 2014, un año después de las citadas manifestaciones del Sr. Hernández Carrón, ninguno de los solicitantes cobraban la Renta Básica Extremeña de Inserción. En marzo no eran muchas más, esperándose para abril el abono de unas 150 prestaciones (un 7,50 % de las solicitadas en la ciudad).

Una incapacidad en la gestión y una ineficiencia organizativa que ha provocado que, ante la escandalosa paralización de la Renta Básica, se tuviera que publicar el Decreto 10/2014, de 4 de febrero, de financiación de ayudas de protección social urgente, unas ayudas que debían servir para paliar la grave situación de las familias hasta que se resolvieran sus solicitudes de prestación. En este sentido, el Sr. Hernández Carrón, ineficaz en su gestión al frente de la Consejería de Política Social pero muy hábil en el arte de la propaganda, ha hecho recaer su  exclusiva responsabilidad de gestor de la Renta Básica en los Ayuntamientos de la región, que son quienes ahora tienen que gestionar las ayudas urgentes.

Ayudas urgentes que, por otro lado, ni son urgentes ni son ayudas. No son urgentes porque, como ya se ha dicho, a la excesiva labor que les ha supuesto a los trabajadores sociales la puesta en funcionamiento de la Renta Básica, ahora hay que añadir la tramitación de las ayudas urgentes, lo que está demorando la preceptiva cita con los solicitantes en unos dos meses (datos de marzo de 2014 para Cáceres). Y tampoco son ayudas, porque como máximo se puede entregar una cantidad de 1065 euros una vez se justifique el gasto con factura o con tique de proveedores o establecimientos concertados.

De todas maneras, el despropósito, impensable ya en una cadena de continuos parones y retrasos, llega ahora, a finales de marzo de este año, cuando el consejero de Salud y Política Social Luis Alfonso Hernández Carrón reconoce haber cometido errores y plantea la reforma de la Renta Básica. Frustrante.

Además, la intención  del consejero de poner al cobro en mayo un total de 1500 peticiones de Renta Básica (un 8,34 % de las solicitadas en Extremadura) es un insulto a la inteligencia además de ser un nuevo agravio al conjunto de los futuros perceptores de la prestación que ven, cómo otra vez, se les retrasa como mínimo un mes más la única salida a su deplorable situación actual, el cobro de la Renta Básica.

En conclusión y por todo ello, Izquierda Unida Cáceres exige:

1) El fulminante cese del consejero de Salud y Política Social Luis Alfonso Hernández Carrón y

2) La inmediata agilización en el cobro de la Renta Básica para que en el menor tiempo posible pueda llegar a la totalidad de sus solicitantes.

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